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No era el caso Pallerols

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Fidel Pallerols, en primer plano

Uno de los más grandes y más silenciados casos de corrupción que se han vivido en Cataluña – millones de euros para formar parados desviados hacia otros fines – se ha liquidado con penas menores. Negociaciones soterradas han evitado la celebración de un juicio con implicaciones políticas.

El fiscal, Fernando Rodríguez Rey, se ha visto obligado a buscar un pacto por orden superior. La Fiscalía es una institución jerarquizada. Hace una decena de años un alto dirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) me dijo: “Tanto nos da lo que publiquéis sobre el caso Treball (Consejería de Trabajo de la Generalitat). Esto afecta a Unió Democrática (UDC)”. Los tiempos han cambiado. Duran se ha ahorrado la foto como testigo para hablar de la financiación ilegal de UDC, pero Artur Mas tampoco quería que su agenda política hacia la “transición nacional” se viera alterada durante cuatro meses por un juicio que trataba de un caso de corrupción de sus socios y de un gobierno del que él había formado parte.

Ya hay suficiente leña en el fuego con el caso Millet, el de las ITV y los negocios de la familia Pujol-Ferrusola. Había que liquidarlo todo con el pequeño sacrificio de Unió Democràtica admitiendo que se financió ilegalmente, algo menos desgastador que el juicio y la incertidumbre de una condena más ejemplar. UDC, como se ha comprobado en otros casos, tiene buenas relaciones con el PP y, por extensión, con una Fiscalía que depende del ministro de Justicia, el mismo que indultó a Josep Maria Servitge por el caso Farreres. Al PP tampoco le convenía ver que su número dos en el Parlamento tuviera que declarar por un caso de corrupción  que se remonta a cuando él militaba en UDC. Por lo tanto, círculo cerrado.

Todo ha sido una gran farsa, empezando por el interés de los medios de comunicación públicos y privados subvencionados en focalizar el caso en el empresario andorrano Fidel Pallerols. Este no ha sido nunca el caso Pallerols. Ha sido el caso Treball y, por derivación, el caso Unió, como ha certificado la sentencia: la principal pena de prisión es para Lluís Gavaldà (Conselleria de Treball) y UDC deberá pagar una indemnización como responsable. El caso fue un episodio de corrupción conjunto entre la Conselleria de Treball y Unió Democrática con millones de euros para formar parados que se desviaron de su finalidad. Pallerols no ocupaba ningún cargo público.

Ver como ayer todos los medios de Cataluña publicaban sólo la foto de Fidel Pallerols, como único protagonista del caso, omitiendo que allí lo que se juzgaba era un comportamiento ilícito de un gobierno y de un partido, es el resultado de un periodismo condicionado por las subvenciones y por la sumisión al poder. Todo sea por no desviarse del discurso oficial: la corrupción es cosa de España, Cataluña es un oasis.

Editorial de Jordi Xargayó para diaridegirona.cat

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