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En defensa de los montes

La Asociación de Forestales de España (PROFOR) y las organizaciones  ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, GreenpeaceSEO/Birdlife y WWF han consensuado un manifiesto en defensa del Catálogo de Montes de Utilidad Pública y en oposición a la venta de montes de titularidad pública. El  manifiesto nace de la inquietud compartida entre el sector forestal y  las organizaciones ecologistas respecto a la medida que en este sentido  ha puesto en marcha Castilla-La Mancha. El documento se ha enviado a  todo tipo de entidades y colectivos buscando adhesiones, las cuales se  irán anunciando en días sucesivos en una campaña que pretende mostrar la unanimidad de la sociedad frente a la privatización del patrimonio  forestal público.

Los montes de utilidad pública, en especial los que son propiedad pública,  son la columna vertebral del mantenimiento de servicios ecosistémicos  fundamentales para el resto de actividades económicas, manteniendo  además una función social importante en términos de uso recreativo,  cultural y también de empleo” ha señalado Elías Bayarri, de la Asociación de Forestales (PROFOR). 

El Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ha reconocido que está  valorando poner a la venta una parte muy importante de los montes de  Utilidad Pública propiedad de esta comunidad autónoma, así como otros  espacios forestales de su titularidad. De los 228 montes de utilidad  pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado 57 susceptibles de  venta, que suman una superficie total de 40.038 hectáreas.

Vender este patrimonio público que tanto ha costado consolidar tiene un enorme impacto ambiental, social y económico” ha declarado Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción, además, “detrás de la medida se esconde una modificación legislativa a nivel estatal  que traería consigo una cascada de ventas en toda España“.

Los Montes de Utilidad Pública son montes de titularidad pública que han  sido declarados como tales por satisfacer necesidades de interés  general, al desempeñar, preferentemente, funciones de carácter  protector, social o ambiental. Estos montes y el resto de montes de  titularidad pública cumplen funciones sociales, mejorando la calidad de  vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio  ambiente general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas el medio rural. El origen del  actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública es el resultado del  trabajo de la primera generación de Ingenieros de Montes en España en  defensa de la superficie forestal arbolada previa al proceso  desamortizador de la segunda mitad del siglo XIX, en especial la Ley de  Desamortización General de Pascual Madoz de 1855. Durante este proceso,  la ley exceptuó de la enajenación y subasta pública “los montes y los  bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno”. Gracias a esta  excepción muchas de las masas forestales que componen el actual paisaje  forestal de nuestro territorio se salvaron de un futuro incierto.

Es muy preocupante que en vísperas de la reforma de la Ley de Montes  anunciada por el Gobierno empiece a hablarse de la venta del patrimonio  forestal público” ha declarado Miguel Ángel Soto, de Greenpeace España. “En Castilla-La Mancha hablan de vender, en la Comunidad Valenciana de  alquiler por 20 años y en la Comunidad de Madrid de convertir montes de  utilidad pública en campos de golf. Todo suena a lo mismo, privatización“. 

Más información: Greenpeace.org

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